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Buscan prohibir la venta de bienes robados en los mercados de pulgas y en el Estado mexicano

La iniciativa de la diputada Moreno, Liliana Gollás, busca prohibir la venta de objetos, bienes y productos provenientes de actos ilegales

Buscan prohibir la venta de bienes robados en los mercados de pulgas y en el Estado mexicano

Buscan prohibir la venta de bienes robados en los mercados de pulgas y en el Estado mexicano

Toluca, México – La representante de Moreno, Liliana Gollás Trejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad del Estado de México para prohibir la venta de productos y bienes robados en las calles o plazas públicas, mercados y tiendas.

El Estado de México es la entidad con más delitos en el país, dijo un comunicado durante la sesión ordinaria del jueves. Sólo en los dos primeros meses del año se registraron 59.244 expedientes de investigación, 8.532 más que en 2019.

añadió que en enero y febrero se produjeron 24.883 casos de robo, es decir, el 20% de los casos que se produjeron en todo el país, principalmente en las modalidades de vivienda, robo en la vía pública y transporte público.

La iniciativa propone reformar el artículo 290 del Código Penal para que los objetos, bienes y productos resultantes de actividades ilícitas que se acepten, vendan, comercien, trafiquen, trasladen u oculten en la vía pública o en los mercados sean castigados con una pena de prisión de entre 3 y 7 años y de una a tres veces el valor del robo, sin que se imponga una multa de más de mil días.

Las reformas de la Ley de Seguridad tienen por objeto prohibir, en el ámbito de la seguridad pública, que los municipios vendan y comercialicen objetos, bienes, productos, instrumentos o partes de ellos resultantes de actividades ilícitas, en lugares fijos o semifijos o en tiendas y locales ambulantes situados en calles, plazas públicas, mercados urbanos públicos, zonas comunales y áreas públicas destinadas a actividades comerciales o de servicios, previa notificación a la autoridad competente.

Además, el funcionario público que tenga conocimiento de la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o partes de los mismos resultantes de actividades ilegales, en calles y plazas públicas, mercados urbanos públicos o en zonas utilizadas generalmente para actividades comerciales o de servicios, será castigado con 1 a 3 años de prisión si no informa al Ministerio de Asuntos Públicos.