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Crece el fraude financiero en el encierro

La pornografía infantil, entre otros, también está creciendo; busca asegurar las cuentas de los secuestradores

Crece el fraude financiero en el encierro

Crece el fraude financiero en el encierro

Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que durante los meses de la pandemia han aumentado en el país los delitos cometidos a través de Internet, como el fraude financiero, el robo de identidad, la trata de personas y la pornografía infantil.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario destaca la necesidad de fortalecer la UIF a través de su posible integración en el sistema nacional de lucha contra la corrupción y afirma que en los casos de personas vinculadas al gobierno anterior, “consideramos importante que los problemas lleguen hasta las últimas consecuencias”.

“Seguimos desarrollando modelos de riesgo para recibir denuncias relacionadas con diversas cuestiones, como el aumento del fraude financiero en los últimos meses, el robo de identidad en sitios web o redes sociales, y el fraude en el Ministerio de Bienestar Social, en el que se emitieron varias tarjetas falsas en las que se pedía a las personas que se registraran y contribuyeran a un número de cuenta para activar la tarjeta. Este último ya estaba en Chiapas y al interesado se le congelaron las cuentas”, explicó el funcionario.

“Ha habido casos en que empresarios del país han sido engañados para hacer transferencias o depósitos en efectivo en cuentas que supuestamente pertenecen a actores políticos, y el asunto es falso. Otra cosa que hemos visto es el aumento de la pornografía infantil y el tráfico de niños por Internet, donde estamos evitando que el sistema financiero sea utilizado para este tipo de prácticas”, asegura.

señala que entre marzo, abril y mayo de 2019 hubo 41 millones de terminaciones de préstamos o embargos, y que en el mismo período de 2020 hubo 81 millones de terminaciones sólo en la Ciudad de México.

“Para nosotros es un claro ejemplo de la realidad de la pandemia que la gente no tiene dinero y está empeñando cosas, por lo que estamos comprobando que no hay prácticas usureras que puedan afectar los derechos de las personas a sus vidas y a su herencia”, dice.

Desde la lucha contra el secuestro y la extorsión, dice: “Hemos logrado identificar los recursos de las familias de los secuestradores para congelar estas cuentas y evitar que el dinero se gaste en actividades ilegales. El Covid también ha cambiado la realidad mundial”.

subraya que la UIF no deja de ocuparse de los casos de corrupción y lavado de dinero. Señala que, en coordinación con la Fiscalía General de Suiza, se encargan de los casos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. “Estamos luchando contra la corrupción, pero también es importante luchar contra la impunidad, y esto continuará hasta que los responsables sean llevados ante la justicia”, dice.

El jefe de la UIF – una organización recientemente reconocida por el gobierno de los EE.UU. a través de su Departamento de Estado y que ha puesto de relieve su trabajo contra la trata de personas – está estudiando la forma de fortalecer la UIF para que haya un progreso significativo en la lucha contra la corrupción, y señala

“Las denuncias se presentarán ante el Ministerio Público, el Ministerio de la Función Pública, incluidas las fiscalías locales, cuando se trate de asuntos de esta competencia. También hemos presentado quejas a la Sedena y al Servicio de Administración Tributaria para obtener los procedimientos adecuados. La Dependencia de Inteligencia Financiera es un órgano de inteligencia, que carece de la capacidad de llevar a cabo actividades de justicia penal y de la competencia para designar fiscales que se ocupen de los casos.

“El sistema constitucional establece que sólo el Ministerio Público o los particulares pueden hacerlo en casos concretos, pero no otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que hemos propuesto es que es necesario impulsar una serie de reformas para fortalecer la UIF. Uno de ellos podría ser que debería ser parte del sistema anticorrupción, pero en este momento es un debate que el Congreso está teniendo.

dejó claro que no hay ninguna investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. Nieto Castillo comentó las investigaciones de personas relacionadas con el gobierno anterior, como Emilio Lozoya, Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza:

“Continúan los juicios de todos; hemos pedido ser coacusados en la mayoría de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General, para que nos reconozcan como ofendidos, ya que las cuestiones de blanqueo de capitales son competencia exclusiva de la UIF; incluso existe un requisito procesal para que un caso sea llevado a los tribunales.

“Creemos que es importante que las cosas vayan hasta las últimas consecuencias. En lo que a nosotros respecta, la política ha sido congelar y bloquear las cuentas, presentar quejas y llevar a cabo audiencias administrativas. En general, se trata de crear una tipología para que la gente conozca los mecanismos de corrupción y lavado de dinero en el país. Creemos que es muy importante que esto se haga público porque, sobre todo en el caso de la corrupción política, permite inhibir las acciones de los corruptos”, dice.

Y respecto a las acusaciones contra León Manuel Bartlett Álvarez [hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE] y ex funcionarios del sector salud por irregularidades en la venta de abanicos al Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo:

“Esta es una investigación que la Secretaría de la Función Pública ya ha realizado. Han pedido información y se la han dado; lo que sé es que se trata de una de las delegaciones del Estado de Hidalgo y que no afecta en absoluto a Zoé Robledo, de la que tengo la mejor impresión.

“Ya ha habido varias quejas de antiguos funcionarios de salud, en primer lugar porque nos pareció extraño que hubiera tantos procedimientos de contratación directa en materia de salud en los últimos seis años. Hay una empresa en la que descubrimos 98.000 millones en contratos gubernamentales que luego llevaron el dinero a los Estados Unidos o Suiza sin que los trabajadores estuvieran registrados en el IMSS. Otra empresa recibió 14.000 millones de pesos con el mismo rubro. El caso de un director del ISSSTE en la administración anterior, que ya ha sido denunciado. En total, tenemos cinco quejas relacionadas con el sector de la salud, que estamos investigando con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Función Pública”, dijo.