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Los congresistas se enfrentan por la controversia sobre el uso de las fuerzas armadas en la seguridad

Dolores Padierna acusa a Laura Rojas de haber fomentado la comisión de prevaricato y conflicto de intereses al presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que prevé el uso de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública

Los congresistas se enfrentan por la controversia sobre el uso de las fuerzas armadas en la seguridad

Los congresistas se enfrentan por la controversia sobre el uso de las fuerzas armadas en la seguridad

Dolores Padierna, diputada de Morena, acusó a la Presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), de facilitar la comisión de al menos dos delitos (el de evasión y el de conflicto de intereses) al plantear ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial del 11 de mayo pasado.

Este acuerdo otorgó a la fuerza armada permanente la autoridad para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, supervisada, subordinada y complementaria hasta el año 2024.

“Las ilegalidades que ha cometido son reprobables” para llevar este acuerdo a los tribunales, advirtió Padierna, porque “ha contratado a abogados de su partido político, como Luisa Conesa, la asesora del PAN, que promovió la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de remuneración de los funcionarios, y que ahora representa a la Cámara como abogado externo, lo que se denomina delito de evasión”.

Ricardo Juanes Laviada, coordinador de los asesores del Gobernador de Yucatán y primo de la legisladora panista Cecilia Patrón Laviada, también participó en el llamamiento: “Esto se llama conflicto de intereses y se castiga en la nueva ley de austeridad republicana”, dijo.

Apelar a la corte sin una mayoría de votos fue “un acto arbitrario de una persona y un acto faccioso de la congresista Laura Rojas”, según el legislador Moreno.

Rojas estuvo en el centro del debate en el que la Comisión Permanente se negó a convocar sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados porque, los diputados Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, y Gerardo Fernández Noroña advirtieron que lo que había hecho era un delito y que ya no dejarían pasar “sólo uno” por la derecha.

Por eso Rojas subió al podio cuando el tema de la controversia se planteó en la agenda política de la Representación Permanente y se defendió, asegurando que había consultado a 7 de los 8 grupos políticos.

“No hay nada partidista, desleal o abusivo en el cumplimiento de mis responsabilidades… y lo he hecho ahora porque una vez más hay motivos razonables para creer que hay una usurpación de los poderes del Congreso y que la aprobación del ejecutivo no es congruente con la Constitución”.

también reveló que si hubiera indicado que iría a juicio con al menos 7 de los 8 coordinadores de los grupos parlamentarios, incluido el grupo mayoritario, a quienes explicó sus razones para presentar la controversia, “compartí el documento con ellos y no tuve ninguna objeción o moción para no presentarlo”. Por lo tanto, es extraño que se repita una y otra vez que no he discutido esto con los coordinadores parlamentarios”.